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jueves, 28 de marzo de 2024

ONU pide a Chile que derogue amnistía a violaciones a DD.HH. aprobada por Augusto Pinochet

Por: Antonio Broto / EFE | Publicado: 28.03.2024
ONU pide a Chile que derogue amnistía a violaciones a DD.HH. aprobada por Augusto PinochetONU | Foto: Agencia Uno
El Comité de Derechos Humanos de la ONU insta a Chile a revocar el Decreto Ley 2.191, que amnistió muchas violaciones durante la dictadura de Pinochet. También expresa preocupaciones sobre retrasos en procesos judiciales y discriminación contra comunidades como el pueblo mapuche y la comunidad LGBTQ+. Las recomendaciones buscan fortalecer el respeto por los derechos humanos en el país.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas pidió este jueves a Chile que derogue el Decreto Ley 2.191, que en 1978 amnistió gran parte de las violaciones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y además expresó su preocupación por la demora en muchos procesos relacionados con esa época.

Tras su séptimo informe periódico a Chile, realizado los días 5 y 6 de marzo junto a una delegación estatal encabezada por el ministro de Justicia, Luis Cordero, el comité también pide al Estado reformas en el artículo 103 del Código Penal, que acorta a la mitad los periodos de prescripción en ciertos delitos considerados crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.

En este apartado, el comité, formado por 18 expertos en derechos humanos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, da la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia relativo a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.

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Sin embargo, muestra inquietud por el considerable número de casos de graves violaciones de derechos humanos sin sentencia, incluidos actos de tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.

Dados los años transcurridos y la avanzada edad de víctimas y verdugos, «se pone en peligro el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y sus descendientes, y se posibilita la impunidad de los perpetradores», destacó el informe publicado este jueves y presentado en rueda de prensa por el comité.

Sus miembros también lamentaron la falta de acceso a documentos y testimonios de víctimas ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, así como el carácter reservado de otros documentos relacionados con abusos durante la dictadura pinochetista.

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Discriminación a mapuches

El informe cubre también cuestiones más actuales, como la aplicación de la legislación antiterrorista en Chile contra miembros del pueblo mapuche, algo que el comité lamenta y sitúa «en un contexto de discriminación histórica y bajo un estado de excepción constitucional en las regiones de La Araucanía y Biobio que agrava su situación».

La Ley 18.314 que regula la lucha contra el terrorismo usa una definición de estos crímenes «demasiado amplia, lo que puede dar lugar a arbitrariedades», asegura el órgano de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Chile es Estado parte desde 1972.

Entre otros aspectos, el informe expresa preocupación por el aumento de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Chile, con «altas tasas de suicido» en el colectivo, así como la impunidad en los delitos de odio contra estas personas.

En materia de aborto, el comité nota con preocupación que el incesto no esté expresamente contemplado en las tres causales por las que puede solicitarse la interrupción del embarazo en el país, y critica también la prohibición de publicidad sobre prácticas abortivas, entre otros obstáculos para ejercer este derecho.

En su repaso al estallido social de 2019 y 2020, el Comité lamentó que sólo una pequeña parte de los acusados por delitos de tortura durante esos hechos hayan sido procesados, siendo muchos menos los condenados.

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En ese periodo hubo «gran número de violaciones de derechos humanos» por el «uso desproporcionado. arbitrario e innecesario de la fuerza y la brutalidad de las fuerzas policiales y armadas, incluyendo tortura, malos tratos y violencia sexual», aseguró el documento.

En este sentido, el Comité recomienda al Estado chileno una mejor formación en materia de derechos humanos en el seno de las fuerzas de seguridad, tras subrayar que, por ejemplo, en el periodo formativo de los Carabineros hay un número muy bajo de asignaturas dedicadas a esta cuestión y no hay ninguna mención al Protocolo de Estambul contra la tortura.

También expresa preocupación por la nueva legislación para fortalecer el ejercicio de la labor policial y de gendarmería en Chile, conocida como Ley Nain-Retamal, que según los expertos de Naciones Unidas podría dar «un tratamiento privilegiado a los agentes estatales».

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Situación de las prisiones

El informe expresa preocupación por los altos niveles de hacinamiento en las cárceles chilenas, con dificultad en ocasiones para acceder en ellas a suministro de agua potable o servicios higiénicos.

En materia de migración, el Comité pidió al Estado chileno intensificar esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar las redes de trata de personas, y al mismo tiempo «garantizar que todas las personas que necesiten protección internacional tengan acceso sin trabas al territorio y a procesamientos justos y eficientes de determinación individual de la condición de refugiado».

El comité, cuyas recomendaciones no tienen carácter vinculante, también pide a Chile «implementar campañas de sensibilización que favorezcan un respeto hacia las personas migrantes y sus derechos» y una no criminalización de la migración irregular.

Otro procesamiento para torturador de la DINA Miguel Krassnoff: Junto a otro oficial que llegó al grado de general secuestraron y torturaron a una joven mujer en la dictadura

 28 March 2024

Foto: César Manríquez, exagente DINA que llegó a ser general del Ejército

La ministra en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel Marianela Cifuentes Alarcón sometió a proceso a dos agentes de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito consumado de secuestro agravado de Hortensia Patricia Glave del Villar. Ilícito perpetrado a partir del 4 de octubre de 1974, en la comuna de San Bernardo.

En la resolución (causa rol 7-2020), la ministra Cifuentes Alarcón encausó a los agentes César Manríquez Bravo y a Miguel Krassnoff Martchenko, en la foto de portada, en calidad de autores del delito.

Krassnoff es el preso que tiene más condenas en la historia de Chile. Datos del poder judicial aseguran que el el agente de la DINA, tiene condenas por más de mil 50 años. Está preso en Punta Peuco.

En la etapa de investigación de la causa, la ministra en visita logró recopilar antecedentes suficientes para dar por establecidos los siguientes hechos:

"1° Que el 4 octubre de 1974, alrededor del mediodía, en el inmueble ubicado en pasaje Ravel N° 262 de la comuna de San Bernardo, agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) detuvieron, sin derecho, a Hortensia Patricia Glave del Villar.

2° Que, acto seguido, Hortensia Glave del Villar fue trasladada al centro de detención clandestina de la DINA, situado en calle José Domingo Cañas de la comuna de Ñuñoa, lugar en que permaneció varios días ilegalmente privada de libertad, período en que fue interrogada, mediante apremios ilegítimos –aplicación de electricidad, quemaduras y golpes en distintas partes del cuerpo–, por parte de Osvaldo Romo Mena y Basclay Zapata Reyes, agentes de la agrupación Halcón de dicho organismo, acerca de las actividades y el paradero de su cónyuge Amador Roberto del Fierro Santibáñez, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

3° Que, ocho o nueve días después, Hortensia Glave del Villar fue trasladada al recinto de la DINA denominado ‘Cuatro Álamos’, a cargo del oficial de Gendarmería Orlando Manzo Durán, sitio en que permaneció encerrada hasta inicios del mes de noviembre de 1974, fecha en que fue conducida al campamento de detenidos ‘Tres Álamos’, en el que estuvo privada de libertad hasta el 17 de mayo de 1975, tras lo cual fue expulsada del país.

4° Que, en la época de los hechos, la Dirección de Inteligencia Nacional tenía, entre otras funciones, el desarrollo de acciones operativas y represivas, destinadas a la persecución de personas con ideas políticas contrarias al régimen instaurado en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973 y, de manera prioritaria, la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), a través de la detención de sus militantes, el empleo sistemático de apremios ilegítimos y el mecanismo de la desaparición forzada.

5° Que la Dirección de Inteligencia Nacional, bajo el mando del coronel de Ejército Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, contaba con una Brigada de Inteligencia, encargada de las unidades operativas del referido organismo, comandada por el teniente coronel de Ejército César Manríquez Bravo.

6° Que de la citada Brigada de Inteligencia dependían las distintas brigadas operativas, entre ellas, la Brigada Caupolicán, a cargo del mayor Marcelo Luis Manuel Moren Brito y, asimismo, los centros de detención clandestinos denominados ‘Ollagüe’, ubicado en calle José Domingo Cañas N° 1.367 de la comuna de Ñuñoa, ‘Tres Álamos’ y ‘Cuatro Álamos’.

7° Que la Brigada Caupolicán contaba con varios equipos operativos, entre ellos, Halcón, bajo el mando del capitán de Ejército Miguel Krassnoff Martchenko, cuya principal función, en ese tiempo, era la desarticulación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

8° Que, en ese contexto, fue detenida Hortensia Patricia Glave del Villar y, luego, interrogada por agentes del mencionado equipo operativo, con el fin de obtener información acerca del paradero de su cónyuge, militante del MIR”.

Tanto los criminales y torturadores, Manríquez y Krassnoff llegaron a los más altos grados del Ejército. 

Manríquez fue general y Krassnoff fue brigadier general, todos los ascensos los cursó Augusto Pinochet.

La corrupción avanza porque hay impunidad

 

Capone1
 

Revelada, la corrupción financiera puede ser combatida y sancionada. La corrupción de las ideas es más insidiosa, más sutil y, por eso, de una peligrosidad más esencial. (Edwy Plenel - periodista).


Corleone

"Don Corleone: un senador y un juez esperan para hablar con Ud..."




escribe Luis Mesina - Sindicalista


Hace muchos años que la sociedad chilena ha sido notificada de que las más altas autoridades de diversas instituciones del país están completamente corruptas. Prácticamente no se salva ninguna.

Desde aquellas, llamadas a impartir relatos morales como la Iglesia Católica, mostraron ser el reducto de sujetos de la más baja calaña que abusaron por años y de manera sostenida contra menores. No eran excepciones, sino la regla, pocos eran los probos.

La Iglesia Evangélica no escapa a esta decadencia, sus máximos exponentes descubiertos en conductas reñidas con la ética que profesaban, y con patrimonios enormes, que solo podían ser fruto del fraude y el engaño a miles de fieles.

El mundo castrense y policial tampoco se salva, está muy lejos de ser portador de una conducta irreprochable, al contrario, sus más altas autoridades han debido enfrentar y enfrentan hoy, a la justicia por delitos económicos cometidos durante el ejercicio de sus cargos.

En esa misma línea, se encuentra la policía civil del país, sus máximas autoridades descubiertas en prácticas delictivas abominables.

Los grandes empresarios coludidos para engañar y estafar a la ciudadanía en áreas sensibles para la población, como son la alimentación y los medicamentos. Ni hablar de una industria que ha lucrado con los derechos de las personas como son las isapres, que aún, después de un fallo de la Corte Suprema, persisten mediante triquiñuelas y con un no despreciable grupo de congresistas que les apoyan, sortear la ley.

Otros tantos han venido evadiendo y eludiendo las normas de manera sostenida para evitar pagar impuestos al fisco y continúan gozando de impunidad.

La casta política tampoco se salva. Son decenas de episodios en que personeros de la política se han visto envueltos. Casos emblemáticos referidos a financiamiento ilegal como el de SQM y Ponce Lerou, hasta el robo descarado de alcaldes y alcaldesas que usando recursos públicos se han enriquecido de manera totalmente ilícita y esto no se detiene.

Y a pesar del tiempo en que la corrupción se instaló en Chile, parece no haber reacción para revertir, o al menos detener esta lacra que se esparce contaminándolo todo. Por el contrario, la impunidad de la que gozan quienes cometen fechorías en el país, es el mejor aliciente para que la corrupción continúe.

Por eso, constituye un despropósito el libreto instalado desde el poder constituido que llama a confiar y a respetar a las instituciones del Estado.

Existe en los hechos un acuerdo entre los políticos, grandes empresarios y medios de comunicación por bajarle el perfil a lo sustantivo, y concentrarse más bien en lo accesorio y en cuestiones de segundo orden. Es la política del empate que tanto daño ha provocado al país y que coloca a Chile en la rodada al despeñadero de la inmundicia.

El caso emblemático de la corrupción es Luis Hermosilla. Se puede sostener que este caso puede superar en corrupción al caso Penta o SQM.

Impresiona que los medios de comunicación lo coloquen al mismo nivel de corrupción de las fundaciones o casos menores. Existe de manera evidente un interés, especialmente de la derecha, por empatar, de forma que al final todo quede en nada.

Sin embargo, el caso Hermosilla tiene múltiples aristas, comenzando porque impidió que la casta política glorificara a Sebastián Piñera. De nada sirvió que, en el sepelio, rindieran guardia de honor los militantes del Frente Amplio y del Partido Comunista.

Tampoco sirvió que, en el discurso fúnebre, Gabriel Boric intentara investirlo como un gran demócrata, respetuoso del ordenamiento jurídico. Siempre se supo, desde los tiempos en que fue senador y luego presidente de la república que usó información privilegiada para expandir sus negocios por lo que parte importante de su fortuna es completamente ilegitima.

La caída de Luis Hermosilla y sus vínculos con Chadwick, primo hermano de Piñera, abre la posibilidad de un camino para avanzar hacia el fin de la impunidad.

Para ello, lo que menos podemos hacer -los hombres y mujeres comunes- es confiar en las instituciones.

Hoy más que nunca se requiere desconfiar de todas y cada una de las instituciones que conforman lo que la oligarquía y los dueños del poder repiten por años, que las instituciones hay que cuidarlas independientes de que uno u otro cometa falta, pues son estas las que le dan continuidad a los países y Estados.

En el caso chileno se requiere ponerse firme y confrontar ese libreto instalado justamente por los que hoy están corruptos, pues llamarán a cuidar la institucionalidad.

Acabar con la impunidad debe ser la meta del pueblo chileno, así se estará dando el primer paso para acabar con la corrupción, y acto seguido, comenzar a acabar con la profunda desigualdad de nuestro país.

De lo contrario, confiar en lo decadente puede ser peor.

 

©2024 Politika | diarioelect.politika@gmail.com

Colombia. Después que Milei lo acusara de “asesino y terrorista”, el presidente Gustavo Petro dispuso la expulsión de diplomáticos argentinos de la embajada en Bogotá.

 By  on 27 marzo, 2024

Resumen Latinoamericano, 27 de marzo de 2024.

En una entrevista con la cadena estadounidense CNN en Español, que será emitida este domingo pero de la cual el canal emitió un adelanto este miércoles, el presidente Javier Milei arremetió contra Petro y contra el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Sobre el presidente colombiano, dijo que “mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”. 

Mientras que sobre su par mexicano afirmó: “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”.

Tras enterarse de las palabra del mandatario argentino, el obierno colombiano ordenó expulsión de diplomáticos de la Embajada de Argentina en Bogotá

miércoles, 27 de marzo de 2024

Suspenden lanzamiento de libro de excarabinero Claudio Crespo por posibles manifestaciones y funas: expolicía está acusado de dejar ciego a estudiante Gustavo Gatica

 27 March 2024

Hasta nuevo aviso.

Así se dio a conocer la suspensión del evento donde el ex Teniente Coronel de carabineros, Claudio Crespo, acusado de cegar a Gustavo Gatica durante las manifestaciones de 2019, lanzaría su libro.

La cancelación se dio a conocer a través de las redes sociales del propio Crespo y la editorial a cargo, Entre Zorros y Erizos. "Estimados lectores, el lanzamiento de G3: "Honor y Traición" de Claudio Crespo programado para el 4 de abril será cancelado por fuerza mayor hasta nuevo aviso".

El propio excarabinero escribió en X extuiter: "Estimados amigos, debido a la funa que realizó @eldesconcierto
se suspende la firma de libros q estaba programada para el jueves 4 de abril en Antártica del MUT, ya q se han recibido muchas amenazas. Lamento profundamente a todos los q estaban interesados en ir. Así actúan estos".

Antes había publicado en la misa red social lo siguiente: "Página de ultra izquierda @eldesconcierto
está llamando a sus seguidores a funar la actividad de firma de libros programadas en el MUT el próximo jueves 4 de abril a las 18:30 horas. Así actúan estos tipos. Ayúdenme a viralizar esto por favor para que vean cómo actúan"

La actividad se iba a realizar en la Librería Antártica MUT, ubicada en la comuna de Las Condes.

Según Crespo, el evento ha sido objeto de funas que derivaron "muchas amenazas. Lamento profundamente a todos los que estaban interesados en ir a este conversatorio". Entre Zorros y Erizos denuncian un ataque mediático del cual son víctimas. "Nuestra casa editorial desde un comienzo ha sido el hogar de quienes buscan un intermediario para proyectar sus voces. Hemos sido —y somos—, una institución forjada profundamente en los principios de la libertad y, con esto último, fuertes defensores de la libertad de expresión".

Por otro lado, la publicación del libro, programada para el 22 de abril se retrasa hasta el 1 de abril. La razón: "La intensa demanda de pedidos provocada por el éxito de ventas", lo que ha obligado a reajustar los plazos de entrega.

Claudio Crespo está acusado de dejar ciego con su armamento al estudiante universitario Gustavo Gatica en las cercanías de Plaza Baquedano en el año 2019 en el estallido social. El expolicía ha aparecido en distintos videos disparando armas  lanza gases y otras que disparaban perdigones. Muchos de esos disparos se realizaron a los rostros de los manifestantes. 

La Fiscalía pidió 12 años de cárcel para ex oficial de Carabineros

Una cosa es una cosa y otra cosa es otra

 

Una cosa es una cosa y otra cosa es otraOPINIÓN


Álvaro Flores M.
Por : Álvaro Flores M.Juez del Trabajo. Director de ANMM Chile
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Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.


No debiera extrañar que el abogado Luis Hermosilla sea un agente poderoso del lobby y que en total opacidad opere tras cada nombramiento de jueces y ministros. Tales intervenciones son habituales y se realizan a la sombra de los procedimientos legales y a espaldas de la ciudadanía. Prácticas que se han refinado desde el origen de la República.

En la trastienda de las normas legales y constitucionales de nombramientos se han desarrollado verdaderas leyes no escritas, costumbres naturalizadas que operan como condiciones que deben cumplirse para lograr éxito en la designación que finalmente hace el Presidente de la República. 

Por cierto, la fase judicial, aquella que desemboca en la incorporación del candidato o candidata en terna o quina, no queda ajena a estas mismas patologías antidemocráticas, operando principalmente camarillas e influencias endogámicas en el marco de un modelo de carrera por ascensosno menos atentatoria de la independencia.   

Una de esas prácticas, develada crudamente en sus detalles en estos días, abarca desde el conocimiento directo de los mensajes del abogado Hermosilla hasta el reconocimiento hecho por propios jueces que lo contactaron. Es así que el aspirante a un cargo judicial, una vez incorporado en terna o quina –cuando no antes, incluso–, debe echar mano a todas las influencias de que disponga de manera directa o indirecta –principal, pero no únicamente– en el mundo político. 

Ser conocido del subsecretario o del ministro de Justicia de turno, de un congresista, ser pariente o amigo de uno u otro (¡el Santo Grial de las influencias!), haber tenido pasado político vinculado a alguna tienda (recuérdese que en la Corte Suprema existen 5 cupos para abogados “externos” a la carrera), ser gregario de credos o cofradías, conocer al amigo de…, ¡en fin! Estas son algunas de las múltiples posibilidades que conforman la ecuación del éxito, en el marco de una cruzada de jueces y juezas enfrentados en la trastienda de todo proceso de nombramiento. Todo, indigno a la vista de cualquier estándar deseable para una magistratura independiente, propia de un régimen realmente democrático.

Por eso, después de la segunda posguerra, la mayoría de los arreglos democráticos más avanzados –casi todos los cuales presentaban un modelo de designación más o menos similar al chileno actual– concordaron en una solución distinta, que no es panacea ni está exenta de problemas, pero supera con creces este estado de cosas. 

Cuando desde la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile (ANMM) propusimos con decisión el cambio del régimen de nombramientos, apuntamos, entre otros aspectos, a superar estas costumbres corrompidas, mediante la creación de un Concejo plural,  con reglas conocidas y transparentes, excluyendo a los propios jueces de la intervención en los procedimientos de nombramientos y dejando al Ejecutivo solo con alguna representación en el mismo órgano.

La idea no era nada de novedosa y recogía prácticas comparadas ya asentadas con éxito, especialmente en Europa. Tributaba de la propuesta del Consejo Nacional de la Justicia hecha en 1990 por la dupla Aylwin-Cumplido, que finalmente recibió un portazo a dúo de la Corte Suprema y la oposición de aquel entonces. 

En 2015, ANMM presentó una propuesta acabada a la expresidenta Bachelet (documento “Bases para una reforma Constitucional del Poder Judicial basada en los acuerdos de ANMM”) y, en algunos aspectos esenciales, la reforma en este capítulo fue recogida en las dos propuestas constitucionales fallidas. 

Y así estamos. No obstante las advertencias, así seguimos. 

Practicando un calculado asombro en casos como el de los audios, cuando, en rigor, nadie de los ámbitos político, académico, o dentro de todo el espectro de la profesión legal, incluso cualquier ciudadano medianamente bien informado ignora, o está en posición de ignorar el funcionamiento degradado del régimen de nombramientos.

Claro, no es lo mismo saber cómo ocurre, suponer cómo ocurre, fantasear cómo se despliegan las redes de influencias, que encontrarse con el crudo detalle de la operación clandestina de toma y daca, salido a la luz por chiripa. Al fin y al cabo, “una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa”, dice un personaje de la filmografía mordaz de Luis Estrada (La Dictadura perfectaEl Infierno, La ley de Herodes), que devela hasta los últimos rincones de la corrupción institucional en México.  

Tenemos un sistema en el que ni las malas reglas legales pueden cumplirse sin el complemento determinante de la acción de operadores en las sombras que despliegan una batalla en el magma, bajo las placas tectónicas de normas legales, autos acordados que son letra muerta y ritos corporativos que certifican su realización.    

Hay demasiadas razones para poner fin a este estado de cosas. Es urgente rediseñar de raíz el régimen legal-constitucional de nombramientos.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

Argentina. Prisión Perpetua para los represores de la Noche de los Lápices

 By   marzo, 2024

Por Luciana Bertoia, 26 de marzo de 2024.

A dos días de la masiva movilización a Plaza de Mayo por los 48 años del golpe, el TOF 1 de La Plata dictó diez perpetuas, una sentencia de 25 años y una absolución en un juicio que duró casi cuatro años y repasó lo sucedido a más de 600 víctimas en cuatro campos de concentración. 

Pablo Díaz tiene 65 años. Llega puntual a la sala del Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata y se ubica en la primera fila. Está nervioso por la sentencia que va a conocerse en un rato: hace 47 años que se despidió en el Pozo de Banfield de sus compañeros de la militancia estudiantil. De ellos, no se supo nunca más nada. A los pocos minutos, aparece Emilce Moler –tan menuda y con una sonrisa tan amplia como a los 17 años cuando se la llevaron de su casa. Los dos son sobrevivientes de uno de los casos que más hondo han calado en la memoria de los argentinos: la Noche de los Lápices,un operativo de septiembre de 1976, cuando fueron secuestrados estudiantes secundarios de La Plata. También está en la sala –unas filas más atrás– Gustavo Calotti, que también sobrevivió a esa redada. Durante cinco horas, escucharán al juez Ricardo Basílico leer el veredicto que dejó diez condenas a prisión perpetua, una sentencia a 25 años de prisión y una absolución por crímenes cometidos en las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús-Avellaneda y San Justo.”Ahora necesitamos saber dónde están. Quiero saber dónde están los chicos”, pide Pablo Díaz mientras se abraza a la salida del tribunal.

El juicio comenzó en plena pandemia. Octubre de 2020. Pasaron tres años y medio, infinidad de testigos que contaron qué sucedió con más de 600 víctimas que estuvieron secuestradas en esos campos de concentración de la provincia de Buenos Aires.

Las presencias en la sala del primer piso del edificio de 8 y 50 dan cuenta de cuántas vidas están atravesadas por los hechos que se ventilaron en el juicio. Está Teresa Laborde Calvo, la hija que Adriana Calvo parió –maniatada y con los ojos vendados– mientras la trasladaban desde la Comisaría 5ª de La Plata hasta el Pozo de Banfield. Están también sus hermanos Santiago y Martina.

En la primera fila está sentada Elsa Pavón, la primera abuela en recuperar a su nieta gracias a los análisis genéticos. Cerca de ella está Victoria Moyano, que nació en el Pozo de Banfield. A su lado, Clara Petrakos que busca a su hermana que también nació ahí. Pedro Nadal está firme junto a Elsa: él fue secuestrado junto a su mamá, que pasó por el Pozo de Quilmes, y restituyó su identidad gracias a Abuelas de Plaza de Mayo.

Gentileza: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Ana Laura Mercader se ubica entre Pablo Díaz y Emilce Moler: sus padres fueron secuestrados y asesinados. Alejandrina Barry también ocupa los primeros lugares. Su mamá estaba embarazada de ella cuando estuvo secuestrada en Banfield, antes del golpe de Estado de marzo de 1976. Daniel Santucho Navajas se acomodó en una silla en un costado. Es el último nieto encontrado por Abuelas. Nació en el Pozo de Banfield, donde estaba cautiva su mamá Cristina Navajas. Su hermano Miguel Santucho le apoya una mano sobre el hombro cada tanto para hacerle sentir su presencia.

La lectura del veredicto arranca a las 13.45 y se extiende hasta casi las 18.30. Solo Basílico está presente. Los otros dos jueces que integraron el TOF1 para este juicio –Walter Venditti y Esteban Rodríguez Eggers– lo siguen de manera remota. Lo mismo que los doce imputados. Ninguno está en la sala.

–Cárcel común, perpetua y efectiva. Ni un solo genocida por las calles de Argentina– se escucha cada tanto. “Así es La Plata”, dice –sin esconder el orgullo– la abogada Guadalupe Godoy.

Durante el proceso, el TOF1 examinó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con asiento en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También indagó en el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Bonaerense, entonces al mando de Ramón Camps. Miguel Osvaldo Etchecolatz, el exdirector de investigaciones de la Bonaerense, murió en mitad del juicio.

Gentileza: Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.

Los jueces dictaron diez perpetuas: las de Federico Antonio Minicucci (jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada), Guillermo Domínguez Matheu (jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Jorge Héctor Di Pasquale (jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata), Carlos María Romero Pavón (jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata), Roberto Balmaceda (jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata), el exministro de Gobierno Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk (jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana), el médico policial Jorge Antonio Bergés, el comisario Horacio Luis Castillo y Carlos Gustavo Fontana (enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601).

Alberto Julio Canditi –que también integró el Destacamento 101 y fue extraditado desde Uruguay– recibió una pena de 25 años de prisión mientras que Enrique Augusto Barre –que fue el número dos del “Nazi” Wolk en el Pozo de Banfield– fue absuelto. La curiosidad es que Barre fue defendido hasta diciembre pasado por Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de la Nación.

Los represores están todos en prisión domiciliaria, con la única excepción de Di Pasquale, que está detenido en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El TOF1 dispuso realizarles estudios para ver si podían cumplir la pena en prisión. Recién el 5 de julio se conocerán los fundamentos de la sentencia. Se descuenta que las querellas y la fiscalía –integrada por Ana Oberlin, Gonzalo Miranda y Juan Martín Nogueira– apelarán la absolución de Barre. El fallo –que fue festejado, especialmente ante un gobierno negacionista como el de Javier Milei y Victoria Villarruel– les deja sabor amargo a los abogados de la jurisdicción: los jueces no hablaron de genocidio. Solo Basílico dijo que los crímenes se cometieron “en el marco del genocidio” que se perpetró en la Argentina, pero quedó en minoría.

– Lo condenaron– dice tras la lectura del fallo Marta Ungaro. Es la hermana de Horacio Ungaro, otro de los pibes desaparecidos en la Noche de los Lápices. Para ella, la condena de Wolk es más que un logro: cuando decían que estaba muerto, lo buscó y lo encontró.

Teresa Laborde Calvo está conforme con la sentencia. Se abraza a la salida con Alejandrina Barry. “Es reparador”, dice Barry, y se presiona el pecho como si pudiera tocar algo de la angustia contenida.

Victoria Montenegro y Alejandrina Barry, las diputadas porteñas. Gentileza: Victoria Montenegro.

Emilce Moler sonríe. Está junto a su hija. “Nuestro dolor lo convertimos en piezas jurídicas”, dice. Y vuelve a casa con las ausencias a cuestas y con la certeza de que, una vez más, su testimonio sirvió para condenar a los criminales.

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